La Unión Europea, a través de una directiva, establece la puesta en marcha de este sistema de control el 1 de junio. A partir entonces, se exigirá a los propietarios un documento que califique el consumo energético del inmueble y poder ponerlo a disposición de “los compradores o arrendatarios para los contratos de compraventa o arrendamiento”, siempre que tengan una duración mayor de cuatro meses.

Se trata de un estudio personalizado realizado por técnicos que ronda los 200 euros y que otorga una calificación -entre la A y la G- a los pisos o locales para favorecer la promoción de aquellos con menor gasto de energía.

El certificado deberá presentarse ante la DGA, ya que las comunidades autónomas son las encargadas de gestionar el proceso